Noticias de la Embajada

El grado del enfrentamiento político en Venezuela ha subido aún más después de que la oposición celebrara el 16 de julio pasado la llamada consulta popular a la cual habían sido sometidas las preguntas acerca de la actitud respecto a la convocatoria de las elecciones a la Asamblea Constituyente, al apoyo por las Fuerzas Armadas a las decisiones del Parlamento opositor al Gobierno y a la ejecución de las elecciones de poderes públicos.

Según la información de los organizadores, la votación contó con la participación de alrededor de un tercio de personas incluidas en el registro electoral. Casi la totalidad de ellas apoyaron las demandas de la oposición. Vale destacar que estos datos en gran parte no son verificables: la comunidad internacional se ve obligada a creer (o no creer) en la palabra de los promotores del proceso (la cual, por cierto, “coincidió” con sus proyecciones anunciadas con anticipación). A la vez, en los medios de comunicación electrónicos se difunden las imágenes de la quema de actas de escrutinio antes de que se anunciaran los resultados finales por la comisión de contabilización del “referéndum”. ¿Cómo calificar también los hechos de que la misma persona sufragó varias veces en diferentes centros de votación? ¿O cómo se explica la ausencia de observadores independientes en toda la extensión de la palabra, sin tomar en consideración que llegaron a Venezuela algunos expresidentes de ciertos países latinoamericanos famosos por su actitud crítica hacia el Gobierno Bolivariano?

Al mismo tiempo, es evidente que el “referendo” que fue celebrado al margen de la legislación vigente y, por consiguiente, no tiene efecto jurídico, ha dividido aún más la sociedad. En estas condiciones se ven más extrañas las declaraciones de los líderes y cancillerías de una serie de países, incluso las del Presidente de los EE.UU., D.Trump, quienes presentaron la votación como manifestación de voluntad de todo el pueblo venezolano y en forma de ultimátum, amenazando con sanciones, llamaron al Gobierno para que cancelara las elecciones a la Asamblea Constituyente previstas para el próximo 30 de julio – las mismas, a propósito, se realizan de acuerdo con la Constitución del país y por el organismo electoral autorizado.

Es indiscutible, que en Venezuela hay mucha gente que tiene otro punto de vista, distinto a la de la oposición, sobre el desarrollo futuro del país. Es inadmisible que se le niegue el derecho a opinar. Como lo entendemos, ellos se preparan para hacerlo en las elecciones a la Asamblea Constituyente el 30 de julio.

Hablamos con diferentes personalidades políticas y sociales en Venezuela y fuera de ella, también sobre el origen de la difícil situación actual. El pueblo del país, por supuesto, aspira a lo mejor y se lo merece. ¿Cómo lograrlo? A este respecto en la sociedad venezolana hay diferentes visiones. Todas las opiniones constructivas deben ser escuchadas.

Pero es imposible hacerlo con el acompañamiento del estruendo de las manifestaciones callejeras, provocaciones de fuerza y acciones que cobran vidas humanas. La violencia para complacer a los radicales y extremistas es el camino que no conduce a ninguna parte.

Consideramos como extremadamente peligrosos los pasos que emprende la oposición para crear de manera acelerada órganos de poder paralelos, en particular iniciar procedimiento para el nombramiento por el Parlamento de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Es imposible ponerse de acuerdo mientras haya injerencia destructiva desde el exterior, presión y amenazas de sanciones. La comunidad mundial responsable debe ayudar y no provocar, unir y no dividir. Seguimos convencidos de que en un choque frontal de dos grandes grupos sociales no puede haber un vencedor. Todo el país perderá.

Actualmente en Venezuela los políticos tienen que actuar con sabiduría y estar por encima de sus ambiciones personales. No se puede ceder al deseo de derrocar a su contrincante a toda costa, sin pensar en qué sucedería al día siguiente, llevando el asunto a la autodestrucción cruel del Estado.

Por lo tanto abogamos por la reanudación del diálogo interno en Venezuela, unas negociaciones serias y responsables orientadas a lograr el compromiso, a garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Estamos a favor del arreglo del conflicto interno por medios políticos, en el marco de la legalidad y sin injerencia externa.